Tres años llevan intentado demoler un hotel en la playa del Algarrobico en el paraje natural de Cabo de Gata. Los Tribunales declararon ilegal su construcción por infringir la normativa medioambiental y de costas. Por extraños intereses la Junta de Andalucía se resiste, de manera sibilina, a dar cumplimiento a la sentencia.
En Cataluña vamos camino de contar con nuestro particular “Algarrobico”. Las autoridades catalanas han decidido mantener la inmersión lingüística y no ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a introducir el catalán y el castellano como lenguas vehiculares en la escuela, bien es cierto que no de forma sutil sino descargando toda la artillería pesada contra los Tribunales y demandantes. El hotel de las costas de Almería fue levantado con una licencia urbanística ilegal, rompiendo la armonía natural de aquella idílica zona. Aquí, en Cataluña, los políticos nacionalistas construyeron otro edificio contrario a la Ley, igualmente desproporcionado y monstruoso, al que bautizaron como “inmersión obligatoria”, alterando, así, las bases de la cooficialidad lingüística y negando la realidad social catalana que pasaba a ser una anomalía a corregir. Ahora, ha llegado el momento de restaurar el equilibrio social, de dar paso al principio de seguridad jurídica, base del Estado de Derecho, que se sustenta, fundamentalmente, en la erradicación de la arbitrariedad y en la ejecución de las resoluciones judiciales.
Declarada inconstitucional la aplicación del modelo excluyente de inmersión obligatoria y abierto el camino al más pedagógico y respetuoso de la conjunción lingüística en las escuelas, la mejor aportación que puede hacer el Gobierno catalán al bien común y a la cohesión social que tanto proclama es ordenar el repliegue del ejército de funcionarios docentes que ha utilizado ante los padres díscolos e irredentos que solicitan el bilingüismo y empezar a demoler las estructuras monolingüistas, tan perjudicadas por la “alucinosis” nacionalista.
En Cataluña vamos camino de contar con nuestro particular “Algarrobico”. Las autoridades catalanas han decidido mantener la inmersión lingüística y no ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a introducir el catalán y el castellano como lenguas vehiculares en la escuela, bien es cierto que no de forma sutil sino descargando toda la artillería pesada contra los Tribunales y demandantes. El hotel de las costas de Almería fue levantado con una licencia urbanística ilegal, rompiendo la armonía natural de aquella idílica zona. Aquí, en Cataluña, los políticos nacionalistas construyeron otro edificio contrario a la Ley, igualmente desproporcionado y monstruoso, al que bautizaron como “inmersión obligatoria”, alterando, así, las bases de la cooficialidad lingüística y negando la realidad social catalana que pasaba a ser una anomalía a corregir. Ahora, ha llegado el momento de restaurar el equilibrio social, de dar paso al principio de seguridad jurídica, base del Estado de Derecho, que se sustenta, fundamentalmente, en la erradicación de la arbitrariedad y en la ejecución de las resoluciones judiciales.
Declarada inconstitucional la aplicación del modelo excluyente de inmersión obligatoria y abierto el camino al más pedagógico y respetuoso de la conjunción lingüística en las escuelas, la mejor aportación que puede hacer el Gobierno catalán al bien común y a la cohesión social que tanto proclama es ordenar el repliegue del ejército de funcionarios docentes que ha utilizado ante los padres díscolos e irredentos que solicitan el bilingüismo y empezar a demoler las estructuras monolingüistas, tan perjudicadas por la “alucinosis” nacionalista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario